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Tim Cook: Bruselas quiere ignorar la ley fiscal de Irlanda

El CEO de Apple, Tim Cook, ha publicado un mensaje a sus clientes en Europa, para defenderse sobre las graves acusaciones de la Unión Europea en torno a las ventajas fiscales que le ha otorgado Irlanda desde 1991. La firma de la manzana defiende su imagen y su trayectoria en el continente Europeo.

La respuesta de Apple a la sanción que le ha impuesto la Comisión Europea no se ha hecho esperar. Previsiblemente, la empresa de tecnología tendrá que devolver 13.000 millones de euros al gobierno irlandés por haber sido favorecida con ventajas fiscales desde 1991, aunque solo tendrá que devolver el soporte por los años comprendidos entre 2003 y 2014. Gracias a dicho tratamiento fiscal, Apple ha podido evitar la imposición de la práctica totalidad de los beneficios generados por las ventas de sus productos en el mercado de la Unión Europea en su conjunto.

La organización del continente Europeo dicta una carta dirigida a todos los ciudadanos para defenderse de la orden que ha dictaminado la UE. En la publicación de la tecnológica, firmada por su CEO Tim Cook, la empresa se defiende argumentando que “durante todo este tiempo hemos recibido el asesoramiento de las autoridades tributarias irlandesas para cumplir de forma correcta con su normativa fiscal, el mismo tipo de asesoramiento que recibe cualquier otra compañía en el país”, y acusa a la Comisión de querer “ignorar las leyes fiscales de Irlanda” y de “iniciar una campaña para reescribir la historia de Apple en Europa intentando sustituir las leyes del país por otra versión”.

El consejero delegado, ha anunciado, que interpondrá un recurso y confía en que la orden de la comisión quede sin efecto, pues de lo contrario “supondría un golpe demoledor para la soberanía de los Estados miembros en lo referente a sus propios asuntos fiscales”. Asimismo, ha afirmado que “no se trata de una cuestión de los impuestos que paga su compañía, sino de qué gobierno recauda ese dinero”.

Apple ha estado instalada en Irlanda desde 1981 cuando inauguró una fábrica que contaba con apenas 60 trabajadores. En la actualidad emplean a cerca de 6.000 personas en todo el país.

Mario Moreno

 

Siete aspectos a tener en cuenta para los contratos Post-Brexit

Hoy le compartimos algunas recomendaciones para renegociar los contratos IT en estos tiempos de desconocimiento que vienen con el histórico referéndum del pueblo británico.

Las leyes de la Unión Europa adoptan varias formas. Están aquellas que se implementan en el estado británico y cuya aplicación seguirá siendo vigente hasta que sean sustituidas, y están aquellas que tienen aplicación directa con Reino Unido como estado miembro. Pero éstas últimas, ya no se aplicarán cuando el Reino Unido pase a ser un estado completamente independiente. Por lo tanto, ahora sólo falta esperar la actualización de dichas leyes.

Mientras se da el proceso de transición en los próximos dos años, estas leyes europeas con aplicación en las islas británicas tendrán todavía vigencia, por lo que las empresas deberán ceñirse a sus reglas. Además, el país todavía no ha diseñado un plan de regulación desde que se produjo el Brexit, por lo que las organizaciones deberán ceñirse a las reglas europeas que se han llevado a cabo tradicionalmente y no preocuparse por una externalización de los contratos IT. Es decir, esto afecta a toda la auditoría, revisión, y asesoramientos de contratos que se negocian en el país, lo que reducirá al máximo los riesgos que puedan ocurrir hasta que haya un plan real para el Brexit.

A continuación le puntualizamos algunas claves a las que deberé remitirse:

  1. Términos del contrato

Vista la reciente situación política, lo más importante sería estar al tanto de la duración de los contratos, especialmente los contratos de larga duración ya que, en estas circunstancias, los aquellos redactados en vistas al largo plazo podrían sufrir cambios en este tiempo reglamentario de dos años. Los contratos redactados a corto plazo, podrían asegurar más flexibilidad.

  1. Cambios en la ley

Muchos de los contratos incluyen un “cambio de ley” ya que los gobiernos suelen alterar la regulación que afecta directamente a los contratos de productos y servicios. Normalmente, en el caso de la tecnología de la información, no tienen mucho impacto porque estos servicios no suelen cambiar a menudo sin haber antes algún tipo de aviso.

No obstante, el Brexit estas regulaciones pueden cambiar radicalmente y prácticamente sin un aviso previo. Es por ello que habrá que estar atento a cómo irán cambiando la situación jurídica y tenerlo en cuenta a la hora de firmar un contrato.

En primer lugar, debe tener en cuenta que ambas partes deben saber quién será el responsable cuando haya cambios en la ley, es decir, quién tiene la responsabilidad de conocer los cambios para agregarlos inmediatamente a la situación laboral (cambios que afectan al consumidor, al proveedor y a ambos). Por norma general, es el proveedor quien lleva a cabo este seguimiento en los cambios de ley que afectan en la transacción con el cliente.

Sin embargo, los clientes también deberán estar al tanto ya que algunos de los cambios en la regulación obligarán a éstos a pagar por los cambios que les incumben o quizás dividir el costo entre ambos proveedor y cliente.

  1. Vencimiento del contrato

Ambas partes del contrato deberán estar al tanto de unos derechos de vencimiento del contrato de cara a cualquier cambio derivado del Brexit que afecte negativamente o haga innecesario y poco rentable el acuerdo contractual. Las partes podrían ser capaces de decidir si quieren un vencimiento general de acceso rápido de acuerdo con la situación que se contempla, o bien, una opción más específica que se adecue a cada contrato en particular.

En cualquiera de los casos, la posibilidad de una cancelación anticipada será imperativa para proteger ambas partes del acuerdo de forma equitativa. O también podría existir la posibilidad de llevar a cabo un análisis de los impactos que ocurrirían a raíz de un cambio de normativa y reevaluar la oferta a través de los mecanismos de gobierno.

  1. Localización de los servicios

Es importante evaluar si es importante un cambio de localización de los servicios durante el plazo que dure el contrato para construir las cláusulas adecuadas. No es raro que los proveedores busquen derechos para poder externalizar sus servicios a un lugar de la costa británica por ejemplo, o algún lugar en alta mar con el fin de ahorrar en costos de transporte y eficiencia. Esta construcción de las cláusulas puede venir especialmente útil si, en el Brexit, la normativa afecta negativamente al modelo de los costes del proveedor.

De tal forma, también es algo que el cliente debe tener en consideración puesto que es probable que tenga que desplazar sus operaciones a algún lugar externo a reino unido durante el plazo del contrato. En tal caso, se deberían crear cláusulas de derecho de vencimiento específicas, basándose en el derecho a resolver por conveniencia, o un derecho específico para desplazar los servicios.

  1. La privacidad de los datos

En la normativa europea, la ley de protección de datos ha cobrado una importancia colosal para las empresas. Pero le repetimos que, una vez Reino Unido sea completamente independiente, se deberán realizar nuevas leyes de protección de datos solo para el país. En estas circunstancias, dependiendo de lo que haga Gran Bretaña, los datos de las empresas podrán viajar fuera del país sólo si la regulación británica cree que esos datos están a un nivel adecuado de protección. Esto obligará a las empresas a buscar otras alternativas para el envío de datos hasta que el país consiga un estado de protección apto.

Es por ello que se aconseja crear cláusulas del contrato que sean prudentes a la hora de proporcionar alternativas a la transferencia de datos desde Gran Bretaña a la Unión Europea.

  1. Resolución de la disputa

Es el reglamento de la unión europea el que define como se aplica la jurisdicción y ejecución de los contratos en la UE. Pero todavía no sabemos cómo esta misma actividad se llevará a cabo una vez realizado el Brexit. Por lo tanto, aunque la regulación inglesa en este tipo de situaciones siga siendo una buena opción, hay que dejar espacio siempre a las alternativas que den lugar a la resolución de disputas y negociación de las mismas.

Las reglas de la unión europea sobre competencia y ejecución no dan pie a la alternativa pero no parece que el Brexit tenga un impacto negativo sobre estas opciones. Así que, hasta que el Brexit tenga un plan definitivo, este derecho a la opción en el contrato podría suponer seguridad para ambas partes.

  1. Referencias a la UE y al AEA

Por último pero no por ello menos importante son las referencias a la Unión Europea y al Área Económica Europea en el contrato que deberían mostrar claramente las restricciones de territorio o referenciar a la ley aplicable. Se debería mencionar a Reino Unido en estas cláusulas para que el país esté cubierto, sea cual sea la opción definitiva adoptada posterior al Brexit.

Jaime Buitrago

 

¿Por qué el Brexit preocupa a las empresas de Estados Unidos?

Reino Unido está iniciando su proceso de salida de la Unión Europea, las leyes de protección de datos podrían deslavazarse por toda Europa y tener consecuencias a largo plazo para las empresas internacionales, que pueden tener que replantearse sus políticas de gestión de datos.

A nivel comunitario, hay una directiva general que rige estos temas en todos los Estados miembros, como recuerda Geeman Yip, presidente de la consultora Cloud, BitTitan. “Ahora que Reino Unido no es parte de la UE, las directivas básicas van a cambiar”, sostiene.

Dicho de otra manera: cuando Reino Unido se separe de la Unión Europe, estas leyes podrían cambiar y las empresas que operan en Europa pueden tener que gestionar un conjunto de leyes de protección de datos específicas en Reino Unido, y otra para los países miembros de la UE.

La cuestión tendrá un impacto tanto en la nube como en los proveedores de servicios gestionados, que puedan necesitar ofrecer opciones adicionales para que los clientes reciban los datos en toda Europa.

Aún es demasiado pronto para asegurar exactamente cuál será el impacto, pero los expertos alientan a las empresas que operan en toda Europa a que estudien la situación.

Otra cuestión tiene que ver con el Acuerdo de Puerto Seguro (Safe Harbor) que mantenían Estados Unidos y la Unión Europea y que ha sido invalidado hace unos meses. Ante ello, el bloque europeo ha creado el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que se espera que sea la norma común en toda la UE para las leyes de privacidad de datos. Ahora que Reino Unido está saliendo de la UE, no está claro si el país adoptará las normas GDPR, o tendrá la suya propia.

Muchos grandes proveedores norteamericanos de tecnología cloud tienen centros de datos en el Reino Unido, que actúan como centros europeos, subraya Dana Simberkoff, miembro de la consultora especialista en SaaS, AvePoint. En su opinión, puede que los planes de este tipo de empresas en el Reino Unido se ralenticen, hasta que esté más clara la postura del país.

Según Gartner, el Brexit causará una cierta agitación en el mercado de TI, ya que habrá que ordenar los aspectos de privacidad. “Puede que muchos nuevos proyectos estratégicos a largo plazo se paren y no se reinicien hasta 2017”, augura la consultora.

El mismo problema tendrán que afrontarlo las empresas de la UE, en función del resultado de las negociaciones de salida con Reino Unido.

CIO

 

Apple, entre las empresas investigadas por la UE por ventajas fiscales

La Comisión Europea acaba de anunciar la apertura de tres investigaciones que tienen el fin de conocer si Irlanda, Holanda y Luxemburgo, favorecen con ventajas fiscales a Apple, Sturbucks y Fiat Finance, respectivamente.

Según palabras de Joaquín Almunia, comisario de la competencia de la Unión Europea, “en el contexto actual de restricción presupuestaria, es particularmente importante que las grandes multinacionales paguen su justa parte de los impuesto”.

Es más, Joaquín Almunia recuerda que “bajo la normativa sobre ayudas estatales de la UE, las autoridades nacionales no pueden adoptar medidas que permitan a ciertas compañías pagar menos impuestos de los que deberían de pagar si se aplicaran las normas fiscales de manera justa y no discriminatoria del Estado Miembro”.

Algirdas Šemeta, comisario de impuestos de la Unión Europea, destacó que “una competencia fiscal justa es básica para la integridad del mercado único, para la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros, y para un marco competitivo equitativo entre nuestras empresas. Nuestro modelo social y económico depende de ella, por lo que debemos hacer todo lo posible para defenderlo”.

A grandes rasgos, lo que va a investigar la Comisión Europea es la legalidad de algunas prácticas fiscales. Conocidas como decisiones anticipativas en materia fiscal (tax ruling) éstas se utilizan para confirmar acuerdos sobre precios de tranferencia y aunque no son ilegales en sí mismas, pueden considerarse “ayudas de Estado” con el objetivo de “conferir ventajas selectivas” algo que no está permitido en las reglas de competencia de la UE.

 

Bárbara Madariaga

 

Motorola Mobility es culpable de violar la ley de competencia de UE, pero evita multa

La UE considera que Motorola Mobility es culpable de vulnerar la ley de competencia de la Unión Europea, pero la compañía se libró de la multa por parte de las autoridades de la UE. La Comisión Europea determinó esta semana que tiene que corregir los efectos negativos que se derivan del abuso de su posición dominante.

 

Motorola Mobility tendrá que poner fin a sus actuaciones contra Apple referentes a las denominadas patentes de estándares esenciales (SEP), que son las que sus titulares declaran que resultan fundamentales para establecer un estándar en la industria, como las de los móviles 3G o GSM, o las de streaming de video H.264.

 

Como seguir estos estándares es crucial para todos los actores del mercado, los organismos de normalización suelen pedir a los titulares de este tipo de patentes, el caso de Motorola Mobility, que acuerden licenciar dichas patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

 

El Comisario de la  Competencia en la UE, Joaquín Almunia, pudo haber impuesto una multa de hasta el 10 por ciento de la facturación global de la compañía, sin embargo, afirmó que no habría sanción económica. La compañía evita así una multa debido a que no hay una jurisprudencia de la UE en relación a esta cuestión, y los tribunales nacionales de los países europeos llegaron a diferentes conclusiones al respecto.

 

La Comisión abrió una investigación formal sobre Motorola Mobility en abril de 2012, después de que la empresa solicitara una orden sobre las ventas de los productos Apple que, supuestamente, infringían sus patentes.

 

Los mandamientos judiciales son un recurso legítimo para los titulares de patentes en caso de infracción de sus derechos, asegura la Comisión. Sin embargo, en este caso, se encontró que las denuncias relativas a parte del estándar GSM constituían un abuso de posición dominante.

 

Microsoft también presentó una denuncia contra Motorola Mobility, alegando que la compañía estaba cobrando demasiado por el uso de sus patentes de estándares esenciales, en concreto el relativo al códec H.264. La investigación de este caso continúa, pero Almunia aún no está en condiciones de adoptar una decisión al respecto.

 

Google, actual propietario de Motorola Mobility, entabló negociaciones para venderla a Lenovo por 2,910 millones dólares, pero planea conservar la mayor parte de la cartera de patentes de la compañía.

Jennifer Baker, IDG News Service.

Aprueban ley de ciberseguridad de la Unión Europea que excluye a los grandes de Internet

Unión Europea leyLa Unión Europea aprobó una nueva ley de ciberseguridad, pero se contuvo de requerir que los gigantes de Internet como Google, Amazon, eBay y Skype, tengan que informar de los incidentes de seguridad. Por mayoría de votación, los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la Directiva de Seguridad de la Información y de las Redes (NIS).

Bajo las propuestas originales, los llamados “facilitadores de los servicios de la sociedad de la información” habrían sido requeridos para informar de cualquier incumplimiento de seguridad que “afecte significativamente la continuidad de servicios críticos y el suministro de bienes” a una autoridad nacional, tanto si se hubieran comprometido los datos como si no.

Pero la ley, tal como fue aprobada por el Parlamento, se aplica sólo a las compañías que poseen, operen o provean tecnología para instalaciones de infraestructura críticas. Las organizaciones empresariales dieron rápidamente la bienvenida a la ley. “Felicitamos al Parlamento Europeo por focalizar sabiamente la directiva en los elementos de infraestructura crítica. Esta directiva tendrá éxito si está basada en definiciones claras y preparadas para el futuro, con un enfoque proporcional, basado en el riesgo, que permita al sector privado continuar innovando”, manifestó Thomas Boué, de BSA.

Sin embargo, Amelia Andersdotter, del Partido Pirata y miembro del Parlamento Europeo, dijo que ella fue de la minoría que votó en contra de la ley porque “hace todas las cosas erróneas y ninguna de las correctas”.

“Este voto es una noticia muy positiva para los ciudadanos europeos. Los estados miembro necesitan estar preparados para los ciberataques. Hoy hay lagunas en algunos países y necesitamos solucionarlo. Sólo somos tan fuertes como el eslabón más débil”, afirmó la Comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, quien sacó adelante las propuestas.

Dependerá de los estados miembros cómo transcriben la directiva en las leyes nacionales, de manera que las sanciones por no reportar un incidente pueden variar de país en país.

No obstante, el artículo 15 de la nueva ley estipula que los estados miembros deben investigar todos los casos de incumplimiento. Kroes señaló que desea alcanzar un acuerdo con los estados miembros de la UE para finales de 2014.

Según la Comisión, el 93% de las grandes compañías tuvieron ataques cibernéticos en 2012. Aún así, tres cuartas partes de los 160 encuestados en una consulta de la Comisión afirmaron que el requerimiento de informar de los incidentes de seguridad no significarían costos adicionales, y más de las dos terceras partes afirmaron que la implantación de un sistema de gestión de riesgos como el demandado por la directiva NIS no resultaría tampoco en costos adicionales.